«Pelota tatá» contra imputación de Urbieta

El Juez Penal de Garantía del Tercer Turno de la Circunscripción Judicial de Concepción, abogado Eduardo Manuel Agüero, se declaró incompetente para tratar la imputación del intendente, Alejandro Urbieta Cáceres, y remitió nuevamente la causa en un tiempo record y como un tremendo "pelota tata" al Juzgado de Asunción.

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Juez Manuel Aguero.
Juez Manuel Aguero.

Pareciera un “pelota tata” el caso de las denuncias contra el clan Urbieta. Todas las denuncias hechas en la Fiscalía de Concepción, fueron remitidas a Asunción, y desde Asunción remitieron la imputación al Juzgado de Concepción, pero llamativamente el Juzgado de Concepción se declara incompetente y lo reenvía a Asunción, y se aguarda que de Asunción no reenvían nuevamente a Concepción.

Agüero, se declaró incompetente, argumentando textualmente lo siguiente. “La Ley 6379/2019 “QUE CREA LA COMPETENCIA EN DELITOS ECONÓMICOS Y CRIMEN ORGANIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL FUERO PENAL”, se estableció la competencia especializada en delitos económicos y corrupción para los Juzgados de Garantías, Juzgado de Ejecución, Tribunales de Sentencia y Tribunales de Apelación de la jurisdicción del fuero penal del Poder Judicial”.

Continuó sus argumentos detallando que, “la ley supra, concretamente, en su artículo primero, literales a), b), c), d), e), f), g), h), enumeran los hechos punibles que son de los juzgados y tribunales estatuidos por ella, y concretamente, en lo que atañe al caso en análisis, el inc. c), establece: “Contra el patrimonio tipificado como: estafa mediante sistemas informáticos; aprovechamiento clandestino de una prestación; siniestro con intención de estafa; lesión de confianza; cuando el valor supere los 5.500 (cinco mil quinientos) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas” (el subrayado es mío), los que totalizan la suma de Gs. 463.870.000. Y, conforme a la imputación se desprende que el supuesto perjuicio patrimonial ocasionado a la Municipalidad de Concepción, se estima en Gs. 1.596.752.689, monto que supera ampliamente la cuantía establecida en la ley mencionada; en consecuencia, la facultad de conocer y entender en la presente causa compete al Juzgado de Garantías Especializado contemplado en la Ley 6379/2019”.

Esto sería una de las técnicas utilizadas por fiscales y jueces que son presionados por el poder político, para no ser denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento del Magistrado, y exponerse a un proceso de destitución, y de esta manera estarían evadiendo sus responsabilidades en proceder justamente como estipula otra suprema Ley.

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