Ley 5033/13 que reglamenta la declaración jurada de bienes y rentas de funcionarios. El no cumplimiento faculta a la Contraloría a aplicar sanciones como multas de 200, 300 y 500 jornales e inhabilitación para ejercer la función pública por cinco o diez años.
El intendente de Concepción ¿se expone a una multa o a ser inhabilitado?
¿Qué oculta detrás de sus bienes?
¿Por qué no actúa la Contraloría General de la República?