Imputación de intendente con “olor a cocina”

El intendente de Concepción, Alejandro Urbieta Cáceres, fue imputado por el Ministerio Público, por presunto daño patrimonial de más de 1.500 millones de guaraníes., pero un flojillo pedido de imposición de medidas, habilitó el camino para que el juzgado le deje libremente, manosear y disfrutar los crujientes recursos públicos, en pleno año electoral.

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La fiscal, Stella Marys Cano, el intendente Urbieta, juez, Eduardo Manuel Aguero.
La fiscal, Stella Marys Cano, el intendente Urbieta, juez, Eduardo Manuel Aguero.

El Ministerio Público, solicitó medidas cautelares, con orden de alejamiento de la intendencia municipal, entre otras leves medidas que serán impuestas por el Juzgado Nro. 3, bajo la Jurisdicción del Juez, Eduardo Manuel Agüero.

Si bien, la imputación es un paso importante en un proceso de investigación, pero no cabe dudas, que el camino esta discretamente preparado para una salida procesal sin impedimento alguno, y para que el imputado jefe comunal siga administrando los recursos públicos, pese a que los presuntos daños patrimoniales oscilan los 5 mil millones de guaraníes, contra el municipio de Concepción.

La audiencia de imposición de medidas, deberá ser tratada en la próxima semana, y no se descarta que la defensa presente cualquier tipo de incidente o chicanas jurídicas para embarrar el proceso, y dilatar los plazos establecidos.

El juez Eduardo Manuel Agüero, contaría con ciertos antecedentes de una aparente subjetividad en sus decisiones contra otros procesados, razón por la que crecen las dudas por el mencionado hecho de corrupción, que involucra a las autoridades municipales, y esté expuesta a una “cocinada” entre las partes.

Los integrantes de la Comisión Conciencia Ciudadana, (organización de lucha por la transparencia gubernamental), consideran oportuna la acción de la Fiscalía, pero adelantaron que no descansarán, hasta que los responsables de esta trama de corrupción devuelvan lo robado, y exigen a la Fiscalía, prepararse para iniciar el proceso civil, para la recuperación de los recursos públicos, inclusive con sus respectivos intereses.

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