Denuncian otro presunto uso irregular de Fonacide en Concepción.

Los abogados, Pablo Desvars, Mirta Krauer y José Samaniego presentaron esta semana a la Junta Municipal una nota de denuncia, sobre un presunto uso irregular de más de G. 1.200 millones, de los recursos del Fonacide en la Municipalidad de Concepción, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

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Foto ilustrativo
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Los profesionales del derecho, realizaron los cruzamientos de datos con el acompañamiento de peritos contables, y descubrieron varias incongruencias en los contenidos de los documentos remitidos desde la Municipalidad al Ministerio de Hacienda, y a la Junta Municipal.

En una de las observaciones se registran baja ejecución de los recursos del Fonacide (capital), es decir, solamente se pagó un promedio de G. 80.000 millones en construcción o reparación de aulas, de los más de G. 1.800 millones que ha recibido el municipio.

Además de la baja ejecución de Fonacide capital, se observa un aparente faltante de Fonacide (gasto corriente), de más de 150 millones de guaraníes de recursos que corresponde al almuerzo escolar, según quedaron reflejados en los extractos de cuentas bancarias al cierre del mes de diciembre del año 2020, y que forman parte del Balance General presentado a la Junta Municipal.

Por otra parte, reflejan los documentos, que el ejecutivo pagó a la empresa proveedora del almuerzo escolar Ladero Paraguayo SA, al mes de diciembre solamente la suma de G. 468.262.580, pese a que disponía de recursos, en total G. 671.379.716, para todo el Ejercicio Fiscal, según extracto de cuentas bancaria, y la transferencia del Ministerio de Hacienda.

En otras observaciones, se evidencian que, según informe de ejecución de la Municipalidad, remitido al Ministerio de Hacienda, el 08 de marzo de este año, se pagó solamente G. 201.387.060 por el almuerzo escolar, mientras que, en los documentos de la última ejecución presupuestaria presentada a la Junta Municipal, se registra un monto pagado de G. 669.649.640.

En total, según expusieron los denunciantes y como quedan registrado en los documentos, el intendente municipal de Concepción, Alejandro Urbieta Cáceres, informó al Ministerio de Hacienda un pago total de Fonacide capital, y almuerzo escolar, la suma de G. 297.610.868, de los casi 2.000 millones de guaraníes que habría tenido disponible, según los extractos bancarios del año 2020.


Pero llamativamente, en su informe a la Junta, se registra una ejecución y pagó Fonacide en total G. 781.178.448, dejando un margen de diferencia, de más de 1.200 millones de guaraníes que se habría ejecutado fuera del contexto educativo, violando el Art. 4 de la Ley N° 4758/12, donde se estipula que, el 50% del total recibido deben ser ejecutados en construcción y reparaciones de aulas, etc.

Según los extractos bancarios de los mencionados recursos, se observa un alto porcentaje que fueron transferidos a otras cuentas (transferencias interbancarias), donde se desconoce el destino de los mismos.

La Municipalidad de Concepción, recibió del Ministerio de Hacienda, los recursos del Fonacide correspondiente al año 2020, en total más 1.860 millones de guaraníes, de los cuales debía ejecutar en construcción de aulas y otros, el 50%, que corresponde a más de 930 millones de guaraníes, monto que estimativamente equivale a la construcción de 15 aulas nuevas para el distrito.

La Junta Municipal, se encuentra en proceso del estudio del Balance General, del ejercicio Fiscal 2020, y necesitaría 8 votos para el rechazó del dictamen que será tratado en el pleno, a más tardar el próximo mes de mayo.

Los ciudadanos presentarán las denuncias penales ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, de la capital del país, para su correspondiente investigación, para determinar y procesar a los responsables de estos presuntos hechos punibles.

El intendente de Concepción fue imputado el mes pasado por la Fiscalía, por otro presunto daño patrimonial de más de 1.500 millones de guaraníes, proceso que se encuentra desatinado y dilatado en los juzgados de Concepción y Asunción, aguardando la imposición de medidas, solicitado por el Ministerio Público.

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